El mirar un siglo de políticas de vivienda y barrio permite a los lectores realizar un recorrido por la evoluciónn de los programas de vivienda social, desde un enfoque centrado en la entrega estricta de solución a la falta de vivienda o habitabilidad básica, hasta modelos orientados a la construcción de barrios y ciudades con la creciente incorporación del sector privado. Aquí; podrá apreciar un resumen cronológico de más de 100 años de políticas de vivienda y barrio en Chile.
Luego del terremoto y tsunami del que afectó a la zona centro sur de nuestro país, se crea el plan “Chile Unido Reconstruye Mejor” que busca generar una oportunidad para redefinir el futuro desarrollo de varios centros urbanos, que serán planificados de forma integral, sustentable y considerando los riesgos naturales.
La nueva política habitacional que el Minvu comenzó a aplicar a partir del año 2006 apuntó a lograr avances en el mejoramiento de la calidad e integración social de las viviendas, lo que que permitió disminuir el déficit habitacional del 20% más pobre de la población. En esta etapa, se aumentaron las superficies de las viviendas sociales, asegurando además su calidad de construcción. Asimismo, se buscó revertir la segregación social en la ciudad, mejorando el stock de casas y barrios existentes, y ayudando a los sectores medios que necesitaban del apoyo del Estado para obtener su vivienda propia. En este periodo, 446 mil familias obtuvieron subsidio para adquirir o construir su vivienda.
Se enfatiza en la búsqueda de igualdad de oportunidades y se concentra la acción en los grupos más vulnerables, con el objeto de satisfacer sus necesidades básicas compatibles con mayor dignidad. Es labor del Minvu aportar a la construcción de una ciudad solidaria y equitativa, capaz de acoger a todas las familias que la habitan. En esta dirección se enmarcan los programas habitacionales, de vialidad urbana, pavimentación participativa, equipamiento comunitario y parques urbanos, así como la formulación de normas e instrumentos de planificación destinados a alcanzar una convivencia armónica.
Se promulga la Ley 19.865 sobre Financiamiento Urbano Compartido, mediante el cual los Serviu y las municipalidades podrán celebrar con terceros contratos de participación, destinados a la adquisición de bienes o a la ejecución y mantención de obras urbanas, a cambio de una contraprestación. Se crea el Comité de Ministros de la Ciudad y el Territorio, en el marco del proceso de Reforma y Modernización del Estado. Se crea el Comité de Ministros del Bicentenario.
Se constituye la Consejo Nacional para la Reforma Urbana, que inicia un proceso de reflexión y cambio en las ciudades chilenas. Se crea el Comité Bicentenario. Con miras al 2010, son cuatro las capitales regionales que serán “repensadas”: Antofagasta, Valparaíso, Santiago y Concepción. Se dicta el DS 75, Nueva Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Se aprueba el DS 245 que reglamenta el Programa Concursable de Obras de Espacios Públicos, a realizarse en barrios de carácter patrimonial, ubicados en sectores urbanos consolidados, cuya rehabilitación o recuperación sea necesaria por encontrarse en evidente estado de deterioro o abandono.
La administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se caracteriza por la masividad de la acción estatal, la mayor inserción urbana de los programas habitacionales y la diversificación de las alternativas de financiamiento de la vivienda. En este período destacan las innovaciones y el perfeccionamiento de la red de programas ministeriales.
Se modifica el PRMS, introduciéndose las Zonas Urbanizables con Desarrollo Condicionado (ZUDC). Se crea el Comité de Ministros de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, integrado por los ministros de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, Bienes Nacionales, Agricultura, Transporte y Telecomunicaciones. Se crea la Dirección de Proyectos Urbanos del Minvu.
Durante este período se realizan mejoramientos y cambios para ampliar la red de acceso a los programas habitacionales, se profundiza la descentralización para asignar los recursos habitacionales y se introducen cambios al sistema de financiamiento. El Gobierno inicia una consulta nacional a fin de desarrollar una nueva Política Urbana. Se aprueba el nuevo Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).
Sobre la base de estudios financiados a través de un préstamo del Banco Mundial, el gobierno redefine y simplifica sus programas, para mejorar la focalización de los subsidios habitacionales en la población más necesitada.
Se dicta el DS 31 que sostiene:
El Minvu realiza modificaciones al sistema de viviendas básicas, para ampliar su cobertura a segmentos que habían quedado fuera del programa, como los allegados. Hasta 1983, las viviendas se asignaban a personas que vivían en poblaciones marginales y campamentos que se identificaban en los mapas del Minvu y municipalidades. Los Serviu abren en este período un nuevo sistema de postulación permanente que consulta la Ficha CAS. Además, incorpora el ahorro y el número de cargas familiares. Las viviendas básicas que se asignan mediante este sistema pueden optar a un subsidio equivalente al 75% del valor de la vivienda, sin superar las 180 UF. En 1985 el número de postulantes inscritos alcanza las 170 mil familias.
Se faculta a las municipalidades para que construyan viviendas económicas y casetas sanitarias, que deben tener una superficie construida de 18 metros cuadrados y un costo inferior a 220 UF. La unidad sanitaria debe tener una superficie mínima de 6 metros cuadrados (baño y cocina) y un costo máximo de 110 UF.
En 1981 el Minvu efectúa cambios importantes en sus programas, al ampliar el reglamento del recién creado Subsidio Habitacional Variable. Esta medida da origen al Programa de Vivienda Básica, contemplando un sistema de subsidios variables y considerando la vivienda básica como el primer paso para una vivienda social.
Se aprueba la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), que busca armonizar los lineamientos sectoriales con la política global de organización económica y social, denominada “Economía Social de Mercado”. Esta política asegura que:
Se reestructura y regionaliza el Minvu, desconcentrándose territorialmente a través de una Secretaría Ministerial Metropolitana. Se crean las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi) y los Departamentos de Desarrollo Urbano en todas las regiones del país. Se fusionan las cuatro Corporaciones: Corhabit, Cormu, Corvi y Cou, estableciéndose un Servicio Regional de Vivienda y Urbanización (Serviu), en el Área Metropolitana y a lo largo de todo Chile. Se promulga una nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones.
A fines de 1973 se reorganiza el Minvu, sus servicios dependientes: Corvi, Corhabit, Cormu, Cou, la Caja Central de Ahorro y Préstamos y las Empresas de Agua Potable de Santiago y El Canelo. Se aprueba la Primera Política de Desarrollo Urbano para Santiago, que elimina los límites de expansión urbana, el desarrollo de la ciudad y su infraestructura, dando paso al libre mercado de los suelos.
Uno de los objetivos centrales del gobierno de Salvador Allende frente a la política habitacional es construir y reparar las viviendas en mal estado y mejorar las condiciones urbanas del sector más pobre. Se modifica la reglamentación del régimen de postulaciones y asignaciones de vivienda, a través del Plan de Ahorro Popular.
El Gobierno de Eduardo Frei Montalva se propone disminuir el déficit de vivienda, la cual es considerada desde una perspectiva global, integrándola en un barrio y considerándola como reflejo de un determinado modo de vida. Así, los programas habitacionales de carácter popular incorporan escuelas, centros asistenciales y campos deportivos, entre otros. Se considera que la solución del problema de la vivienda requiere de la participación de las familias beneficiadas.
Hacia comienzos de los sesenta existen por lo menos 28 instituciones dependientes de ocho ministerios que intervienen en asuntos de vivienda, urbanización y equipamiento. Para enfrentar esta situación se crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (Minvu), que junto a la Corporación de Vivienda (Corvi) y la Corporación de Servicios Habitacionales (Corhabit), es integrada por la Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu), empresa autónoma del Estado, una de cuyas principales funciones es mejorar y renovar las áreas deterioradas de las ciudades, mediante programas de rehabilitación y desarrollo urbano.
Se aprueba el primer Plan Regulador Intercomunal de Santiago, que ajusta el crecimiento de las ciudades, protegiendo las áreas de cultivo y la ecología. Se establece una zonificación para construir barrios industriales y un cinturón suburbano. Se define la red básica de transporte y vialidad regional, intercomunal y comunal. Se regulan los sistemas de áreas verdes, la creación de multicentros cívicos y comerciales, y la protección de las reservas de suelo para grandes equipamientos metropolitanos.
En 1957 comienzan los conflictos por el acceso a la tierra urbana. El enorme crecimiento demográfico de Santiago provoca carencia de viviendas y servicios. La desorganización general de la ciudad tiene importantes consecuencias para los sistemas de producción de viviendas y el ordenamiento general de las urbes. Hacia finales de los años cincuenta se toman medidas para incentivar más decididamente a las empresas inmobiliarias. Se establece una larga lista de franquicias que intentan promover la acción de los privados y motivar la edificación de viviendas tanto para los grupos más pobres de la población como para los estratos con capacidad adquisitiva.
Nace la Corporación de la Vivienda (Corvi) y se formulan los primeros planes a largo plazo para solucionar el problema habitacional, desde una perspectiva centralizada y planificada. Se crea el Banco del Estado de Chile y se fija el texto definitivo de la Ley de Construcción y Urbanización.
A fines de 1951 se comienzan a estudiar las modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcción y a principios de 1952 se le agregan conceptos como metrópoli, intercomuna, microregión y región. En 1948 se había dictado la Ley Pereira que incentiva la construcción habitacional, aunque se dirige básicamente a solucionar el problema de la clase media, antes que el de los sectores más populares.
La Ley 6.640 autoriza al Presidente de la República para contratar préstamos bancarios destinados a levantar viviendas populares. Bajo su alero se construyen alrededor de 6 mil unidades habitacionales. En 1943 se reestructura la Caja de la Habitación Popular, que sigue construyendo directamente las viviendas con fondos propios, pero conjuntamente amplía y concede una serie de franquicias tributarias a la llamada habitación económica, lo que incentiva a las empresas inmobiliarias.
Se aprueba el Plan Oficial de Urbanización de la Comuna de Santiago (Pou), para regular la edificación en altura, aprovechar al máximo los terrenos y subdivisiones permitidas, clasificar la zona industrial y desarrollar un Plan de vialidad y áreas verdes. Se crea la Corporación de Fomento, Corfo, que impulsa a la industria manufacturera y termina de dar al proceso de desarrollo urbano características explosivas.
El proceso de migración del campo a la ciudad produce un grave problema en la mayoría de las urbes. Para encararlo, se crea la Junta Central de Habitación Popular y se dicta la primera versión de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que busca ordenar la planificación urbana. En 1935 se crea la Caja de la Habitación Popular, que otorga préstamos a 27 años plazo, dejando el predio hipotecado como garantía.
El terremoto de Talca de 1928 obliga a dictar la Ley 4.563, donde se dispone que toda ciudad con más de 20 mil habitantes deberá elaborar un Plan General de Transformación. Las autoridades contratan nuevamente al arquitecto Karl Brünner, quien se desempeña como Consejero Urbano del Gobierno de Chile. Se le encomienda proyectar la ciudad con una visión renovada, mirando al futuro y pensando en lo que puede llegar a ser.
Ese año se promulga la nueva Constitución. Santiago tiene una población aproximada de 600.000 habitantes y se incentiva la edificación en los sitios eriazos de los radios urbanos y la reedificación de viviendas demolidas por insalubres. Se construyen 29 poblaciones en Santiago y 14 en provincias, pero no bastan para satisfacer una demanda que aumenta cada día.
Conscientes de la importancia de cubrir las necesidades de los sectores más pobres en el terreno de la construcción, los Congresos Panamericanos de Arquitectura y Urbanismo de la década de los ’20 influyeron notoriamente en Chile. En ese marco, se señalaron los principales problemas generados por el crecimiento urbano de las ciudades latinoamericanas y la urgencia por resolverlos.
Fue así como el Gobierno chileno contrató al urbanista austriaco Karl Brünner, quien formuló los fundamentos del primer Plan Regulador para proyectar el Santiago urbano.
Cuando el 20 de febrero de 1906 se promulgó la ley para crear los Consejos de Habitaciones Obreras, nadie pudo imaginar que exactamente un siglo más tarde, en Chile, existiría un Ministerio de Vivienda y Urbanismo capaz de subsidiar y concretar la entrega de un millón 992 mil viviendas en sólo quince años, tal como ocurrió entre 1990 y el 2006. Y que durante ese lapso, se redujera el déficit habitacional a la mitad, gracias a que ocho de cada 10 viviendas sociales habían recibido aportes del Estado.
En ese entonces, recién aparecían las primeras iniciativas gubernamentales en torno al tema habitacional, a través de estos consejos que funcionaban en las principales ciudades del país y cuya finalidad era construir, mejorar y normalizar la vivienda popular. La iniciativa (vigente hasta 1925) sensibilizó a la opinión pública sobre el problema habitacional, aportó las primeras estadísticas de vivienda y proporcionó antecedentes que serían la base para promulgar otras leyes posteriores.
