Santiago. 9 de noviembre de 2023-. Con relación a los informes emitidos por la Contraloría General de la República sobre las transferencias de recursos efectuadas en el marco del Subtítulo 33, que considera el Programa de Asentamientos Precarios, entre los años 2021 y 2023, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo declara:
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- Entre el martes 7 y el miércoles 8 de noviembre las Secretarías Regionales Ministeriales del Minvu fueron notificadas de los informes de auditoría que llevó adelante la Contraloría General de la República.
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- Valoramos este nuevo informe elaborado por el ente contralor, ya que las recomendaciones que se plantean ya están siendo abordadas y en su mayoría se encuentran ejecutadas por este ministerio.
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- Desde los primeros días de conocerse el Caso Convenios, hemos actuado de manera seria y proactiva, iniciando investigaciones internas, estableciendo responsabilidades políticas y administrativas, y colaborando con el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría, además de emprender todas las acciones que dispone la institucionalidad para impedir que los recursos destinados a las familias que viven en campamentos se deriven para otros fines.
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- Cabe recordar que, durante este proceso, también se solicitó la renuncia a dos autoridades regionales en Antofagasta y Maule, respectivamente, así como a nivel central, además de iniciar investigaciones amplias y sumarios en distintas regiones del país.
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- Asimismo, desde un principio, planteamos que el modelo de transferencias de recursos del Programa de Asentamientos Precarios, que inicia su relación con instituciones sin fines de lucro en 2019 y que fue utilizado por las últimas administraciones ministeriales, incluyendo ésta, requería de un estándar mayor de control.
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- Dicho modelo presentaba deficiencias que abrían la puerta a la corrupción, como en el caso de Democracia Viva, entre ellos, la falta de un proceso de concursabilidad para las fundaciones, lo que llevaba a no exigir antigüedad y experiencia comprobable a dichas organizaciones y sus equipos; la ausencia de un registro de fundaciones; la no estandarización de los convenios de transferencias; la falta de obligatoriedad en la exigencia de boletas de garantías; y una deficiente forma de rendir los recursos, entre otras falencias.
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- Es así como, para prevenir este tipo de hechos, y siguiendo las orientaciones de la Contraloría General de la República, presentamos y estamos implementando una Agenda de Modernización con 19 medidas para el rediseño completo del programa y de la relación institucional con las fundaciones, con énfasis en la integridad, transparencia y seguridad de la información, así como la optimización de los procesos de transferencia.
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- Adicionalmente, queremos señalar que durante el año 2022 se suscribieron 119 convenios con entidades sin fines de lucro; de ellos, 3 corresponden a Democracia Viva y a 11 se les puso término anticipado por diversos incumplimientos administrativos, quedando actualmente 7 en proceso de revisión.
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- Finalmente, nuestro mensaje seguirá siendo claro y enfático: no vamos a tolerar que se cometan actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas. Vamos a perseguir todo tipo de irregularidad y pondremos todos los antecedentes a disposición de las instituciones correspondientes, quienes serán las encargadas de establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales.
