• A un año del inicio del denominado Caso Convenios, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que 13 de las 19 medidas comprometidas ya se encuentran cumplidas, mientras que las seis restantes se encuentran en proceso de ejecución y planificada su finalización en 2024.
• Del total de recursos indagados por el Ministerio Público por convenios entre organismos del Estado y fundaciones, un 13% correspondería a secretarias regionales del Minvu y el resto a Gobiernos Regionales, según datos de la fiscalía.
17 de junio de 2024.- “Estamos progresando decididamente en fortalecer nuestra institucionalidad para que no vuelva a suceder que inescrupulosos se aprovechen de los dineros destinados a las familias que viven en campamentos”. De esta forma, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, junto a la subsecretaria de la cartera, Gabriela Elgueta, relevaron el avance de la Agenda de Modernización, Probidad y Transparencia del Minvu a un año de darse a conocer a la opinión pública el denominado caso convenios.
Este plan, lanzado el 2 de agosto del pasado año por ambas autoridades, tenía por objetivo reformular el Programa de Asentamientos Precarios y su relación con las instituciones sin fines de lucro, además transparentar y modernizar la gestión del ministerio, en un trabajo que contó con la asesoría de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En ese marco, el Minvu informó que la Agenda de Modernización, Probidad y Transparencia presenta un 68% de cumplimiento, con 13 de las 19 medidas comprometidas ya cumplidas, mientras que las seis restantes se encuentran en proceso de ejecución y planificada su finalización en 2024.
Al respecto, el ministro Carlos Montes destacó que “desde el primer día de conocerse las irregularidades en la región de Antofagasta, nosotros actuamos de frente para esclarecer estos hechos, estableciendo responsabilidades políticas, iniciando investigaciones internas y colaborando con la Contraloría, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Así también, lanzamos una agenda que buscaba dar respuesta a la inquietud ciudadana por el denominado caso convenios Minvu, desde la mirada de la modernización de aspectos centrales de la gestión del ministerio y el Programa de Asentamientos Precarios”.
Del total de recursos indagados por el Ministerio Público por convenios entre organismos del Estado y fundaciones, un 13% correspondería a secretarias regionales del Minvu y el resto a Gobiernos Regionales, según datos de la fiscalía.
Asimismo, cabe recordar que para ordenar los procesos internos y colaborar con la justicia, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha trabajado intensamente en el uso correcto de los recursos, clarificando cifras; verificando los trabajos en terreno en todo el país y revisando el proceso administrativo para determinar diferentes cursos de acción.
“Nosotros hemos sido enfáticos en señalar, tanto en la opinión pública como en las discusiones a las que hemos sido convocados en el Congreso, que el modelo de transferencias de recursos del Estado a privados contaba con brechas institucionales”, sostuvo el secretario de Estado.
“Además, quisimos ser proactivos y hacernos cargo de dichas brechas en el Minvu, incluso antes de las recomendaciones que nos realizara la Contraloría y de la introducción, en la Ley de Presupuestos, de la glosa que mejora los controles a los traspasos y asignaciones de recursos a las fundaciones, a través de esta Agenda de Modernización, Probidad y Transparencia de nuestro ministerio. Estamos contentos con este avance y esperamos finalizar las medidas en proceso durante este año”, recalcó Montes.
Por su parte, la subsecretaria de la cartera, Gabriela Elgueta, explicó que “impulsamos esta agenda corta, con 19 medidas, donde se incorpora la concursabilidad, requisitos de experiencia de los oferentes, evaluación de fundaciones, rendiciones a través del sistema de SISREC de la Contraloría y actualización de los instrumentos de denuncia interna, así como automatización de los procesos de soporte e implementación de un sistema único de postulación. Dentro de esta agenda está el rediseño del Programa de Asentamientos Precarios, donde identificamos tres desafíos que debiésemos abordar: reconocimiento de nuevas realidades y tipologías de campamentos; fortalecimiento de una oferta programática; y articulación intersectorial para impulsar una nueva institucionalidad, que aborde esta materia como una política de Estado, para lo cual se cuenta con una consultoría del BID”.
“Con una mirada de futuro, se ha planteado un Plan de Modernización de mediano plazo, que busca preparar y posicionar al Minvu frente a los nuevos desafíos urbano-habitacionales, revisando la estructura organizacional, colocando el foco en la mejora de los procesos, actualización de los sistemas de información y fortalecimiento de las competencias funcionarias”, finalizó.
