– En tanto, el ministro Carlos Montes informó que la Agenda de Modernización, Transparencia y Probidad de la cartera se ha ejecutado en un 58%, mientras que, del resto de las acciones, el 26% se cumplirían en 2023 y el 16% durante el próximo año.
– “El caso Convenios, y todo lo que ocurrió en torno a eso, es algo muy serio. Hemos tratado de enfrentarlo de la manera más rigurosa y proactiva y hemos respondido en todos los momentos”, expresó.
– Consultado por la tramitación del proyecto de ley de usurpaciones, el secretario de Estado respaldó los dichos de la ministra Carolina Tohá y anunció que el Minvu está en proceso de actualizar el Catastro Nacional de Campamentos, cuyo último registro data de 2022
Santiago, 05 de octubre de 2023.- El informe de la Contraloría General de la República, emitido el 31 de agosto de este año, con las conclusiones de la investigación a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, planteó 12 medidas que el Ministerio debía implementar para abordar diversas falencias administrativas en la transferencia de recursos a organismos privados, en el marco del Programa de Asentamientos Precarios.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, informó esta mañana que 11 de estas 12 medidas ya se encuentran ejecutadas por la cartera, restando solo cumplir con lo referido a los costos estimados que justifiquen los montos de transferencia de cada proyecto, procedimiento de estandarización que estará resuelto mediante resolución antes del 12 de octubre próximo.
En paralelo, el Minvu se encuentra implementando su Agenda de Modernización, Transparencia y Probidad, conjunto de 19 medidas anunciadas el pasado 3 de agosto para rediseñar el Programa de Asentamientos Precarios, generar un Sistema de Integridad, Transparencia y Seguridad de Información y un Plan de Fortalecimiento Institucional.
Respecto de esta última agenda, el secretario de Estado informó que el 58% de las medidas ya están ejecutadas, mientras que, de las restantes, el 26% se cumplirían en 2023 y el 16% durante el próximo año.
Al respecto, el ministro Carlos Montes expresó que “el caso Convenios, y todo lo que ocurrió en torno a eso, es algo muy serio. Hemos tratado de enfrentarlo de la manera más rigurosa y proactiva y hemos respondido en todos los momentos”.
“Es efectivo que el Programa de Asentamientos Precarios para el 2023 representaba solo el 1% del presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y solo el 0,3% se destinada a fundaciones. Pero nosotros entendemos que detrás de esto hay lecciones, aprendizajes, cosas inaceptables. Que el recurso destinado a campamentos se puede haber orientado a actos de corrupción o hubiera ineficacia en otros aspectos e incumplimientos de ciertas normas administrativas. Y es por eso que hemos sido lo más rigurosos posible”, añadió.
En tanto, el titular del Minvu explicó que, para el 2024, se están cambiando los modos de trabajos en materia de asentamientos precarios, con el propósito de que los Serviu regionales asuman directamente los proyectos de urbanización de los campamentos. “En otros casos, vamos a fortalecer el trabajo con los municipios, reduciendo el trabajo con las fundaciones a lo estrictamente necesario”, complementó.
Contingencia
Consultado por la prensa respecto de la tramitación del proyecto de ley de usurpaciones, el ministro Carlos respaldó los dichos de la titular de Interior, Carolina Tohá, ayer en la comisión de Seguridad del Senado, con relación a que, de no cambiar las penas de la actual iniciativa, “a todas las personas que están en campamentos se les puede aplicar la cárcel”.
Asimismo, el secretario de Estado anunció que el Minvu está en proceso de actualizar el Catastro Nacional de Campamentos, cuyo último registro data de 2022, junto con precisar que “a partir de eso, dichos campamentos no pueden ser desalojados por este acuerdo y las personas no pueden ser detenidas”.
En esa línea, el titular de la cartera de Vivienda y Urbanismo indicó que “es importante preguntarse por qué tenemos campamentos en el país. Tenemos campamentos porque la política habitacional no tiene respuesta suficiente para el conjunto de familias que no tienen viviendas. Y esto no es de ahora, lleva bastantes años acumulándose un déficit de 650 mil familias, donde parte de ellas no tiene otra alternativa que irse a un campamento”.
“¿Qué estamos haciendo nosotros con los programas públicos? En algunos de los campamentos, la opción que hemos tomado es construir barrios, por lo tanto, sanear la propiedad, regularizar a los propietarios, urbanizar ese campamento, que se vincula a los municipios posteriormente, para ir transfiriéndolo como un barrio más de la comuna. Hay otros campamentos que, por distintas razones, no están dentro de ese listado, y lo que ahí nos preocupa principalmente es que haya condiciones de vida que no impliquen riesgos para las personas”, agregó.
