Investigación basada en experiencias internacionales fue encargado por el Minvu al Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, y sus resultados -presentados hoy- permitirán elaborar un plan de administración y de gestión social, de bienes inmuebles dispuestos para arriendo por parte del Estado.
Investigación basada en experiencias internacionales fue encargado por el Minvu al Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, y sus resultados -presentados hoy- permitirán elaborar un plan de administración y de gestión social, de bienes inmuebles dispuestos para arriendo por parte del Estado.
SANTIAGO.- Con el objetivo de implementar una política de arriendo que apunte a mayor integración social, es que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo conoció hoy los resultados del estudio encargado al Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, entre cuyas recomendaciones se plantea el establecer una roles entre lo público y lo privado; la necesidad de regulación y fiscalización por parte del Estado; la fijación del valor del arriendo; y la participación de la comunidad en la gestión social de los conjuntos.
Estos resultados fueron dados a conocer hoy durante el seminario “Administración de vivienda para arriendo asequible: evidencia internacional y propuestas para Chile”, realizado en la Casa Central de la PUC, donde se presentó el estudio que analizó cinco casos internacionales.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, explicó que “valoramos las recomendaciones de este estudio, elaborado por el Centro de Políticas Públicas, porque nos entrega recomendaciones que van justamente en la línea de uno de los ejes del Proyecto de Ley de Integración Social y Urbana del Minvu: el ‘Arriendo protegido’, un sistema que vamos a implementar en esta administración y que consiste en que el Estado entrega un monto de subsidio para arriendo, el cual se paga directamente al arrendador y las personas pueden complementar. Nos vamos a preocupar, también, que los montos de los arriendos estén regulados por el Estado y vamos a fiscalizar de manera continua para cuidar los recursos de todos los chilenos”.
“Estamos dando una mano a las familias chilenas, a través de un incentivo a la construcción de proyectos inmobiliarios, en terrenos fiscales concesionados, bien ubicados, y con acceso a equipamiento y servicios, de manera que estas familias de distintos niveles socieconómicos accedan a buenas zonas dentro de las ciudades”, añadió el secretario de Estado.
Antecedentes del estudio
“Estudio comparado de experiencias internacionales, sobre la administración de bienes inmuebles para arriendo” se titula el análisis a través del cual se conocieron experiencias internacionales referidas a modelos de administración de bienes inmuebles y de gestión social, destinados a programas de arriendo para sectores vulnerables. De cada uno de los países, se recabaron antecedentes, que permitirán elaborar un plan de administración y de gestión social, para la administración de bienes inmuebles que son dispuestos para arriendo por parte del Estado.
Recomendaciones para Chile
• Administración y marco regulatorio: A nivel internacional, existe más protagonismo de los privados en la administración de las viviendas, y del Estado en el ámbito regulatorio y de fiscalización.
• Rol del sector público. En los casos estudiados, el Estado asume tareas cruciales, como el financiamiento, regulación, definición de públicos objetivos, fiscalización y sanción. La regulación de los contratos es crítica, pudiendo asumir enfoques pro arrendador o pro arrendatario.
• Estándares e indicadores. Se agrupan en torno a 3 dimensiones críticas: vivienda y entorno, mixidad y gestión.
• Valor del arriendo. La fijación del valor o “políticas de control de arriendo”, es definido por la autoridad pública responsable dentro del Estado. Los gobiernos locales y AAA ajustan los valores en base a los máximos definidos centralmente.
• Selección y apoyos a la demanda. Existe una tendencia a la focalización (ingresos bajos y moderados). El apoyo estatal se da a través de: el acceso a vivienda asequible y a subsidio de arriendo. Para acceder a los beneficios se fijan criterios de elegibilidad, también hay ingreso a lista de espera.
• Integración, convivencia y participación. Respecto a la Integración, se entregan servicios a residentes para aprovechar las oportunidades sociales y del entorno; sobre la convivencia, existen instancias para fortalecer la comunidad y se median los conflictos. En cuanto a la participación, se entrega información y los arrendatarios se involucran en la junta administradora.
• Sistemas de información. El principal medio para informar son los sitios web oficiales –de actores públicos y administradores–, en los cuales se entrega información de requisitos de postulación y criterios de asignación de viviendas; oferta y link entre oferta y demanda, entre otros.
• Costos de la gestión. Los gastos principales están asociados al mantenimiento, reparación y renovación de los inmuebles y a la gestión social. Los ingresos de las AAA, han dado paso del financiamiento 100% estatal al autofinanciamiento que viene de las rentas mensuales (55%-80%). El Estado asume las exenciones, los programas especiales y subsidios a la demanda.
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